Lo que está ocurriendo en la selva

Por: Pilar Arroyo R.P.

El largo conflicto amazónico, que durante todo el mes pasado estuvo invisibilizado por los medios de comunicación comenzó a entrar con fuerza en la agenda nacional durante el presente mes. Como sabemos, la demanda amazónica ha sido respaldada también por todos los obispos de la zona, por la Defensora del Pueblo y por la Comisión Multipartidaria del Congreso nombrada en agosto del 2008 para examinar los decretos cuestionados.

Dicha comisión acordo sugerir al Congreso que dictamine “la Derogatoria de los Decretos Legislativos 994, 1064, 1020, 1080, 1081, 1089, 1090, 1083, 1060 y 995, por ser contrarios al orden constitucional referido a las Comunidades Campesinas y Nativas así como al derecho de identidad étnica y cultural y, a la aplicación e interpretación de tratados previstos en el artículo 55º y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, que en conjunto vulneran las obligaciones contenidas en el Convenio 169 OIT. Asimismo se recomienda, restituir la vigencia de las normas legales que dichos decretos legislativos hubieran derogado o modificado” (Congreso de La República. Comision Multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas. Periodo Legislativo 2008-2009. Informe sobre los Decretos Legislativos Vinculados a los Pueblos Indígenas Promulgados por el Poder Ejecutivo en Mérito a la Ley n. 29157 - diciembre 2008, p.94).

A continuación tratamos de reseñar algunas de las discusiones que ha suscitado:

1) Sobre el tipo de desarrollo deseable en la amazonía

Para el gobierno desarrollar la amazonía implica dar las máximas facilidades para que la gran inversión nacional y extranjera disponga de los recursos que ella ofrece: gas, petróleo, madera, desarrollo de materia prima para bio combustibles, etc. En este caso los habitantes amazónicos están de más, tienen poco o nada que aportar a este esquema de desarrollo y sus derechos ancestrales sobre estos territorios son más bien un estorbo.

Para otro sector de la población, en cambio: “Nuestra principal riqueza exportable es la biodiversidad de estas zonas, el ecoturismo, el manejo integral y sostenible de los bosques (y no su tala y quema para productos de exportación), la captura de carbono por estos bosques y los fondos que generan los certificados de carbono en los mercados oficiales y voluntarios, que constituyen una verdadera riqueza exportable” (H. Cabieses “Política de drogas: cuatro aciertos, cinco continuidades” en E. Toche (comp.) Perú Hoy. Por aquí compañeros. Aprismo y Neoliberalismo (Lima, Desco, 2008) p.383).

Al respecto Monseñor Paco Muguiro, Vicario General de Jaén, en una oportunidad señaló que “Todavía no nos damos cuenta, que en un futuro muy próximo la calidad del Medio Ambiente, la biodiversidad de nuestra fauna y de nuestra flora, que por la variedad de pisos ecológicos existentes en nuestro país es múltiple y rica, será mucho más valiosa que los minerales que ahora se extraen poniendo en peligro dicha riqueza. Estos minerales son no renovables, el día que se terminen de extraer se terminan para siempre. Sin embargo las riquezas de nuestra fauna y nuestra flora son renovables siempre que seamos capaces de cuidarla. El principio es: que extraigamos los minerales y recursos no renovables, que se terminan, sin poner en peligro los renovables, que pueden durar siempre” (Paco Muguiro S.J. “Si el medio ambiente evaluara el año de gobierno” Diario El Tiempo (Piura), 31 de julio del 2007).

En esta perspectiva el rol de las poblaciones amazónicas es clave, pues son ellas las expertas en la conservación del bosque, como lo recuerda un pronunciamiento de apoyo a las reivindicaciones amazónicas: “La Amazonía Peruana, como han señalado los expertos, puede ser el recurso estratégico del Perú en el siglo XXI, por su riqueza en agua, energía y biodiversidad. Pero todo ello a condición de construir un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo, moderno y democrático, con la participación del pueblo amazónico y, en particular, de los pueblos indígenas, habitantes ancestrales y dueños históricos de la Amazonía Peruana, cuya ciencia, saber y cosmovisión son fundamentales en la construcción de un nuevo Perú” (Pronunciamiento: No al Estado de Emergencia en la amazonía. En Otra Mirada, 19 de mayo del 2009-05-25).

También encontramos otra perspectiva, que ofrecemos trabajar más adelante, que plantea que es posible poner en valor los recursos naturales de la amazonía, tipo petróleo, gas, madera, etc.; pero conservando el medio ambiente y respetando los derechos adquiridos por los pueblos originarios. Ello requiere de una fuerte presencia regulatoria del estado

2) Cómo responder a la demanda de los pueblos amazónicos

Para un sector de la prensa, el empresariado y el gobierno, los nativos son manipulados y engañados por sus dirigentes, por Organismos no Gubernamentales (ONGs) ambientalistas y por ciertos partidos políticos anti-sistema. Prueba de ello, afirman, es que los nativos no saben lo que quieren.

Fritz du Bois, Director de Perú 21, nos dirá que “Es claro que no se trata de defender los derechos de los nativos, sino de crear una corriente indigenista que lleve la política a las calles, en busca de repetir desmanes similares a los que derribaron a dos gobiernos bolivianos” (“Se les cayó la careta” en Perú 21 16 de mayo del 2009).

De similar parecer es el periodista y analista político Jaime de Althaus. Para él “AIDESEP”, financiada ampliamente por fundaciones europeas radicales, es, en buena cuenta, la punta de lanza en el Perú de una estrategia internacional orientada a que los grupos étnicos nativos conquisten la declaración de sus tierras como “territorios étnicos” autónomos en los cuales las regulaciones del Estado nacional sobre explotación de hidrocarburos, madera y otros recursos no se aplicarían. Territorios que podrían incluso extenderse a uno y otro lado de las fronteras con países vecinos (la nación jíbara-ashuares, quichuas y otros- y la nación aimara) (“El radicalismo indígena” en El Comercio, 15 de mayo del 2009).

En palabras del Premier, Yehude Simon” “Esos no son los nativos... Hay gente que se aprovecha de justas demandas para producirle problemas no solo al gobierno sino al Perú” (La República, 24 de mayo del 2009). Simon nos dice que “se les está sorprendiendo (a las comunidades), no se les va a afectar en nada” (La Repúlica 23 de mayo del 2009).

A nosotros más bien nos sorprende que Simon, persona a las que muchos seguimos respetando, pueda afirmar eso, cuando en la edición de Caretas del 14 de mayo se afirma que “Las normas reducen controles para la explotación de minerales, maderas, agricultura o exploración petrolera (...). El DL 1064 (uno de los que los nativos piden que se derogue) “es más lesivo que los derogados, porque elimina toda consulta a los nativos, basta la declaración de necesidad pública, que el Ejecutivo suele dar para estas inversiones”

Es por eso que luego de intentar ganarlos por cansancio (la protesta lleva ya 47 días al escribir estas líneas) el Estado ha optado por la criminalización de la misma, declarando el estado de emergencia y la suspensión de las garantías constitucionales en los distritos selváticos donde se encuentran el oleoducto, el gasoducto e importantes empresas transnacionales, en las regiones de Ucayali, Cusco, Loreto y Amazonas.

También ha enviando tropa de elite, tanto de la Marina, como de la Policía Nacional, para desbloquear las diversas vías de comunicación tomadas por los nativos, con el lamentable saldo de tres desaparecidos y diez heridos (algunos hablan de 20) baleados a quemarropa solo en Corral Quemado (Bagua), uno de los cuales pareciera que falleció.

No deja de llamar la atención el curioso orden de prioridades de nuestro gobierno. Al VRAE (donde existen rezagos de Sendero Luminoso con amplia experiencia de combate y narcotraficantes armados) se manda tropa bisoña, de 18 a 20 años e incluso menores de edad. Y a la Amazonía, donde los nativos lo máximo que tienen son arcos y flechas, se manda tropa de élite.

Asimismo, el líder de AIDESEP, A. Pizango, y parte de la dirigencia ha sido denunciado judicialmente por “sedición, rebelión y conspiración” y nuestra Ministra de Justicia ha afirmado que no parará hasta verlo en prisión. Y sabemos que por esos cargos la sentencia varía entre 10 y 20 años de prisión. Como bien dice F. Salazar “La denuncia por “conspiración está totalmente descaminada. La motivación de los dirigentes no es tumbarse al gobierno, sino reclamar sus derechos. Los reclamos pueden considerarse justos o injustos, buenos o malos. No pueden considerarse, en cambio, criminales” (El ocio del gobierno, en La República 24 de mayo del 2009).

La Dra. Merino, Defensora del Pueblo ha señalado al respecto: “Mi opinión es que la insurgencia como tal no se produjo, fue un comentario en abstracto, además se retractó. El delito de sedición se da cuando hay un alzamiento en armas. Las declaraciones de la ministra no son prudentes, por su investidura podrían interpretarse como una interferencia en el debido proceso” (Entrevista de M. Balbi a Beatriz Merino “Beatriz Merino: “El Estado tiene que dialogar siempre” en El Comercio 24 de mayo 2009).

Otros más bien coinciden con Pizango cuando dice que “Los pueblos indígenas saben lo que dicen y protestan con conocimiento de causa (...) Debo insistir en que la movilización no es por la instalación de la mesa de diálogo, sino por la derogatoria de los nueve decretos legislativos” (Entrevista de Rocío Maldonado a A.Pizango, Presidente de AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) en La República 24de mayo del 2009).

Sus objeciones a esos decretos son claras. Para ellos dichos decretos crean las condiciones para despojarlos del acceso a los bosques, a las tierras y al agua y no toman las previsiones adecuadas para evitar que la explotación de los recursos naturales dañe el medio ambiente. Por ello consideran que los decretos ponen en serio peligro sus vidas, de allí la determinación con la que llevan adelante su lucha.

Lo que demandan los pueblos indígenas amazónicos es que el Estado respete el ordenamiento legal y acate lo que dice el Convenio 169 de la OIT. Como dice Pedro García-Hierro “La libre determinación de los pueblos, que Perú ha suscrito al firmar la Declaración, supone que estos pueblos determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural pudiendo disponer, libremente para el logro de sus fines de sus riquezas y recursos naturales. En este contexto la consulta previa, a la hora, por ejemplo, de declarar un lote petrolero o minero o de dictar una ley que les afecte, no es una cortesía o un trámite. Es una consecuencia obvia del derecho de libre determinación que tienen todos los pueblos y naciones del mundo sobre sus propios recursos (Pedro García-Hierrro “En Respuesta al Sr. Althaus”).

3.- De quién son los recursos

Frente a la demanda amazónica el gobierno se ha acordado de repente de que los recursos de la amazonía son patrimonio del Estado y de todos los peruanos. Así lo han manifestado tanto el Premier Simon, como el Sr. Presidente quién dijo a lo nativos “las tierras de la Amazonía no son de ustedes, son de todos los peruanos”.

Y el Ministerio del Medio Ambiente, en aviso pagado en los diarios, el día 24 de mayo, nos comunica que “El subsuelo donde se encuentran los recursos de hidrocarburos en la amazonía no es propiedad de los posesionarios del suelo, sino del Estado y de todos los peruanos. Por lo tanto, ni los pueblos indígenas ni las comunidades ni los propietarios privados pueden reclamar la posesión y explotación de los recursos mineros o petroleros que ahí se encuentren. Estos son otorgados por el Estado en concesión para su explotación (...) No está prohibida la exploración ni explotación de los recursos del subsuelo en el ámbito de las tierras de los pueblos indígenas”

Aquí está la madre del cordero, pues por más que la ciencia y la técnica han avanzado no hay forma de acceder al subsuelo sin pasar por el suelo y eso en la práctica (lo vemos también en el caso de la minería en la sierra) arrasa con los derechos de los propietarios del suelo. No sólo los desaloja de sus lugares ancestrales de residencia, sino que contamina seriamente su hábitat. Por ello, habría que pensar seriamente en buscar cambiar la legislación.

En los Estados Unidos, país tan admirado por nuestros actuales gobernantes, el propietario del suelo, es también propietario del subsuelo y es con él con el que hay que negociar las condiciones de explotación de las riquezas del subsuelo. Eso no quita que la nación toda se beneficie, pues a través de impuestos el Estado participa de la riqueza extraída y la redistribuye al resto de la Nación.

En cambio, con el sistema actual, los grandes beneficiarios son las grandes compañías nacionales y extranjeras. Como dice Carlos Castro, subdirector de La República “Son los grupos económicos, madereros, petroleros, mineros, a los cuales este gobierno abre las puertas de la selva de par en par, lo que se adueñan de las tierras, contaminan el medio ambiente, medran a costa de la depredación de los bosques y del arrasamiento de las comunidades” (“La Ley de la Selva” en La República 24 de mayo del 2009).

Del mismo parecer son los obispos de la Amazonía que han respaldado la demanda de derogatoria planteada por los nativos. Ellos nos dicen que “constatamos cómo, en nombre de un sesgado concepto de desarrollo, el Estado permite la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios a favor de empresas nacionales y transnacionales para la inversión en plantaciones aceiteras, caña de azúcar y otros. Para nadie es desconocida la contaminación de los ríos con el plomo y otros metales pesados y sustancias tóxicas como efecto de una actividad minera (formal e informal) y la extracción de petróleo de manera irresponsable. Somos testigos, además de la tala indiscriminada de la madera sin ningún tipo de control” (Pronunciamiento de los Obispos de la amazonía ante el Paro de los Pueblos amazónicos, 5 de mayo del 2009, nn.3 y 4).

Esto parece desmentir nítidamente lo que el Ministerio del Ambiente afirma en su comunicado mencionado líneas arriba “el Estado, a través de la normatividad vigente, garantiza que dicha exploración y explotación se realicen con los mínimos impactos ambientales y con la máxima responsabilidad social; y siempre en acuerdo con la población afectada”.

4.- ¿Lucha sólo Amazónica?

Algunas declaraciones oficiales tratan de aislar la protesta amazónica insinuando que atender sus demandas perjudicará al resto del país. Nos permitimos dudar de dicho aserto. Una de las principales razones que esgrimen los hermanos nativos amazónicos es la contaminación de sus ríos producida, sobre todo, pero no únicamente, por la explotación petrolífera, dato que es corroborado en el comunicado de los Obispos. Recordemos que 72% de nuestra amazonía ha sido concesionada para la explotación de hidrocarburos.

Y como bien dicen los que publican digitalmente la Otra Mirada “Los riesgos que esto trae para los indígenas son enormes. Por ejemplo, entre noviembre de 2006 y marzo del 2009 ha habido 48 derrames de petróleo en los lotes 8 y 1 AB de Pluspetrol, afectando los ríos Tigres y Corrientes. En las 34 comunidades nativas de la zona, el Ministerio de Salud encontró que el 98% de menores sobrepasan los límites aceptables de cadmio en la sangre y el 66% los de plomo. En muchas zonas, la explotación petrolera o maderera ha afectado la pesca y la caza, actividades básicas para la sobrevivencia de estos pueblos” (También mencionan que “Brasil, cuya área amazónica es mucho mayor que la nuestra, no tiene concesiones petroleras ni por la séptima parte que el Perú” en . “Los Indígenas de la amazonía no están locos” en Otra Mirada. Editorial N. 9, 8 de mayo 2009. En http://blog.otramirada.pe/2009/05/08/los-indigenas-de-la-amazonia-no-estan-locos/.

P. García Hierro agrega que “después de 30 años de explotación petrolera en sus territorios, los achuar del Río Corrientes [afluente del Marañón, Loreto] cuentan sus distritos entre los últimos de la lista de extrema pobreza del Perú y sus hijos sufren con enfermedades irreversibles y un altísimo porcentaje de plomo y otros metales en su sangre; el ver que el alimento que comían, los lugares donde se bañaban, el agua que bebían, el aire que respiraban ya no existe o se ha podrido a vista y paciencia de un Estado permisivo” (Pedro García-Hierrro “En Respuesta al Sr. Althaus”).

Estas largas citas nos están diciendo que la contaminación del agua por la industria petrolera es real. Y como todos sabemos en el futuro mediato el agua será un bien tan y más preciado que el petróleo. Se afirma que para 2025, más de 2,800 millones de personas en todo el mundo vivirán en países o regiones donde habrá falta de agua, que ocurre cuando la disponibilidad de agua por habitante es inferior a 1,700 metros cúbicos al año, considerado el umbral necesario para cubrir las necesidades de agua para la agricultura, la industria, el uso doméstico, la energía y el medio ambiente. (www.unwater.org. Para la Proyección al 2025 en el caso peruano se puede Consultar N. Nuñez Peru: Informe Nacional sobre Agua Potable y Saneamiento Situacion Y Perspectivas al Año 2025 - enero 2000).

Nuestro país está considerado como un país que tiene una relativa abundancia de agua. Nuestra disponibilidad hídrica nos sitúa en el puesto 17 a nivel mundial (de un total de 180 países), ya que disponemos del 5% del agua dulce del mundo. Sin embargo, nuestras dificultades emanan básicamente de problemas de distribución geográfica, pues la mayoría de agua que disponemos está en la Amazonía, y la mayoría de la población en la Costa. Sin embargo, así como la Ingeniería peruana asumió el reto de derivar agua de la Sierra a la Costa, no podemos descartar que pueda asumir el reto de aprovechar el agua amazónica. Sin embargo, de nada nos servirá si esta agua se contamina debido a la explotación petrolífera, cuyas concesiones, insistimos hoy abarcan el 72% del territorio amazónico.

Igualmente, nuestra protección frente al Calentamiento Global se debilita con la deforestación y degradación de los suelos amazónicos. Por ello la lucha de los nativos amazónicos es también la nuestra. Y así comienzan a entenderla algunos colectivos ciudadanos (MOCICC –Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, la Mesa de Interculturalidad, Conveagro, etc.), así como los gobiernos regionales de Pasco y Loreto, que en estos días han comenzado a manifestarse apoyando las demandas de derogatoria de los nueve decretos que ponen en peligro el frágil ecosistema de la selva amazónica y por tanto la sobrevivencia de los pueblos que allí viven.

Sin embargo el gobierno, la mayoría de medios de comunicación y las grandes empresas nacionales y extranjeras se oponen a que los justos reclamos sean atendidos, privilegiando los grandes intereses de la inversión petrolera, gasífera y forestal. A ellos habría que recordarles que “Una economía que respete el medio ambiente no buscará únicamente el objetivo del máximo beneficio, porque la protección ambiental no puede asegurarse sólo en base al cálculo financiero de costos y beneficios” (Pontificio Consejo “Justicia y Paz” Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 470 (Lima, Paulinas, Epiconsa, 2005) p. 259.).