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domingo, 13 de septiembre de 2009

Los Planteamientos del ILD son un retroceso

Este artículo fue publicado hoy en La República y responde a los planteamientos sobre la amazonia realizados por el ILD.

http://www.larepublica.pe/archive/all/domingo/20090913/8/node/217772/total/1558/pagsec

“Los planteamientos del ILD son un retroceso”

Con un doctorado en Economía por la Universidad Sorbonne Nouvelle (París) e importantes investigaciones sobre la relación entre minería y comunidades, José de Echave, directivo de la ONG CooperAcción, es una voz autorizada en el debate suscitado por el ILD (Instituto Libertad y Democracia) en relación con cuanto ocurre en la Amazonía.

Por: Federico de Cárdenas

Has publicado un texto muy coherente y fundamentado objetando las tesis de Hernando de Soto sobre el desarrollo amazónico. Creo que lo primero que podría decirse es que hay aquí un conflicto de realidades. ¿Es así?

–Sí, ese es un primer aspecto. Un conflicto de realidades que además está acompañado de una inadecuada lectura de lo que ha venido ocurriendo en el país en los últimos años. El primer aprendizaje que nos han dejado los conflictos vinculados a la relación entre comunidades nativas e industrias extractivas es precisamente que el núcleo del asunto no es económico. Esto lo han entendido ya las empresas, que por mucho tiempo pensaron que resolvían el problema adquiriendo las tierras a las comunidades, y eso no impidió que el conflicto renazca, en algunos casos casi de inmediato, en otros luego de algún tiempo. Esto muestra con claridad que la mirada que tiene el ILD implica un serio retroceso respecto de lo que ya varios de los actores venían entendiendo sobre los conflictos.

–Se tiene la impresión de que para el ILD la propiedad tuviera un efecto talismánico, que una vez que tienes el título ya está todo resuelto.

–En varios momentos del video De Soto lo afirma, diciendo que solo el poder económico producto de la propiedad privada va a cambiar de modo sustantivo las cosas. Esa es la segunda idea fuerza de su intervención: la propiedad como elemento clave. Y no se queda en la propiedad para las comunidades, sino que da el paso siguiente: la propiedad tiene que parcelarse e individualizarse. Y plantea varios ejemplos, de los cuales he podido identificar el caso de la comunidad marankieri, una de las primeras en la Amazonía en recibir títulos de propiedad y cuyo plano –que De Soto muestra– no refleja para nada lo que pasa en la mayoría de comunidades amazónicas. Esta comunidad se ha “conourbanizado” con la localidad más cercana, lo que descubre una particularidad poco transferible. El otro gran elemento que hay que tomar en cuenta está dado por las experiencias que han habido en el país sobre parcelación de tierras, que demuestran que el problema es mucho más complejo. Si se observa lo que ha pasado en la costa, la parcelación ha dado lugar a un proceso de concentración de tierras mucho mayor incluso que el que existía previamente a la reforma agraria. Esta lógica que afirma que la propiedad privada es el camino al éxito económico no se condice con la realidad.

Choque de realidades

–Además ocurre que aquí hay un choque de realidades asimétricas...

–Es el otro factor. Si uno se limita a la propiedad privada sin tomar en cuenta el tema de las asimetrías se comete un error garrafal. Para muestra, los numerosos conflictos mineros de los últimos años en los que las comunidades estaban perfectamente tituladas y sin embargo la situación de asimetría que existe entre una gran empresa minera o una gran empresa de hidrocarburos que entra en relación con estos actores produce una tensión que no es sostenible en el tiempo.

–Es el viejo dicho que afirma: “el pez grande se come al chico”.

–Si uno ve lo que ha pasado en zonas de costa, zonas altoandinas y comienza a pasar en zonas amazónicas con las concesiones de hidrocarburos, sin duda el esquema es ese. Entonces, obviar que las relaciones son asimétricas y que el Estado no cumple un rol de facilitación para romper esas asimetrías es no entender la problemática o –si se la entiende– favorecer al actor que tiene mayor capacidad de recursos, articulación y poder económico.

–Estamos ante una propuesta con un fuerte contenido ideológico.

–Sin duda, y aquí viene otro elemento que me parece clave, el tercero en la propuesta del ILD. Es decir que: 1) afirma que el problema no es étnico sino económico. Lo es, claro, pero también es un problema social, cultural, ambiental, etc. En suma, es un problema de derechos; 2) se centra en el tema de la propiedad, que tampoco puede dejarse de lado; 3) introduce la desregulación. En este último, son los privados los que negocian y pactan, pero sin la presencia del Estado, que ni regula ni fiscaliza.

–Otro viejo razonamiento: cuanto menos Estado, mejor.

–Así es. Cuanto menos capacidad de regulación pública, mejor. Pero entonces uno se plantea qué pasa con el bien común, qué pasa con el interés nacional y con agendas que hoy en día son claves, como la ambiental. ¿Es que estos grandes temas van a resolverse con la propuesta del ILD? Peor aún en una situación en la que, si algunas lecciones nos ha dado la crisis internacional, es que la ausencia de regulación pública es fatal.

Más Bagua

–Si seguimos el camino de De Soto tendríamos por delante otros Bagua…

–Con seguridad. Bagua demuestra que los conflictos relacionados con industrias extractivas y la desregulación no solo han aumentado en número e intensidad sino que giran en torno a la agenda específica de cada comunidad, que comienza a cuestionar aspectos de la legislación que considera negativos, como los Decretos Legislativos. No entender que el marco favorable dado a las inversiones –que no está mal– al mismo tiempo ha ido recortando derechos sociales, culturales y ambientales, y quedarse únicamente con lo económico es muy peligroso.

–Se afirma que la manera de evitar más conflictos es por medio del diálogo, pero ¿no hay dos lógicas inconciliables –o muy poco conciliables– que se enfrentan allí?

–En la práctica sí. Creo que es urgente hacer un balance de los conflictos ocurridos en los últimos 10 años para ver hasta qué punto estas dos lógicas inconciliables pueden apostar a lograr algún tipo de consenso. Por ahora esa agenda está pendiente. Y hay una gran duda respecto de si el aporte del ILD ayuda o no a resolverla. Mi impresión es que no y que sus planteamientos son un retroceso. Además, cuando se ve el documental del IDL hay varios momentos en que De Soto la emprende contra los dirigentes amazónicos y los invita a debatir, pero con la paradoja que mientras él hace un enorme despliegue mediático sus contradictores están perseguidos, desterrados o con orden de captura o comparecencia. ¿Con quién quiere debatir?

Por último, cuando en la parte final De Soto hace alusión a la campiña arequipeña, le pediría que la visite y vea lo que ha ocurrido con ella: lotizada, urbanizada y a punto de desaparecer. Creo que no le vendría mal actualizar su información.

–¿El documental del ILD no sería una prolongación de las tesis presidenciales de El Perro del Hortelano?

–Sí, y con más audacia, porque intenta presentar un remedio supuestamente milagroso para una situación que es sumamente compleja y que le plantea al país un reto enorme. Claro, uno de los méritos del ILD es insistir en que estos temas se discutan, y hay que reconocerlo. Pero no hay que olvidar que fueron las comunidades andinas y amazónicas las primeras en insistir sobre ellos. A fin de cuentas el ILD y el doctor García apuntan a lo mismo: no reconocen las bases objetivas del conflicto, hablan de agendas ocultas o subalternas y creen que la panacea es la propiedad individual y la parcelación. Son visiones parciales que expresan cuánto nos falta de aprendizaje como país para llegar a entendernos.

viernes, 5 de junio de 2009

Pronunciamientos

Pronunciamiento del Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y la Defensoría del Pueblo sobre los últimos hechos de violencia sucedidos en la Selva Peruana
¡ALTO A LA VIOLENCIA!

El Presidente de la Conferencia Episcopal del Perú y la Defensora del Pueblo lamentan profundamente el descenlace violento que viene ocurriendo en el departamento del Amazonas, ciudades de Bagua Chica y Bagua Grande, entre otras, que ha ocasionado la muerte de civiles y policias y un saldo de varios heridos.

La vida es un valor supremo que en cualquier circunstancia debe ser protegida y privilegiada, tanto la de nuestras comunidades nativas históricamente desatendidas, como las que quienes, en cumplimiento de su deber constitucional, procuran el restablecimiento del orden.

Hacemos un clamoroso llamado a la serenidad y demandamos que, de manera inmediata, cesen los enfrentamientos entre compatriotas. Es urgente que se atienda sin distinción a las personas heridas y a las que se encuentran en riesgo y que se proceda en el más breve plazo a restablecer el canal del diálogo, que nunca debió ser interrumpido, y que debe ser utilizado como la única vía para resolver pacíficamente los conflictos.

Concientes de nuestro deber de protección de la vida y de los derechos fundamentales de las personas, invocamos a todas las autoridades y dirigentes a optar por el diálogo y la paz y nos mantenemos a disposición del país para colaborar en lo que nos sea requerido, a fin de devolver la tranquilidad a las poblaciones afectadas y a todo el Perú.

+ Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM.
Arzobispo de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

Dra. Beatriz Merino Lucero
Defensora del Pueblo
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos
LLAMADO URGENTE A LA SERENIDAD DE AUTORIDADES Y MANIFESTANTES

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su mayor preocupación por los sucesos de hoy, 5 de junio, ocurridos como consecuencia de la intervención de efectivos de la Policía Nacional para desalojar a grupos de las comunidades nativas que tenían bloqueada la carretera de acceso a la ciudad de Bagua, al norte del país, como parte de la huelga que vienen desarrollando hace más de 50 días.

Como consecuencia de esta intervención, se habrían producido víctimas mortales y numerosos heridos tanto entre la población civil como entre los efectivos policiales. Además, se ha producido una situación de caos en la ciudad, con expresiones de desborde violento por parte de manifestantes, frente a lo cual las autoridades habrían perdido el control de la situación y se estaría incurriendo en un uso desproporcionado de la fuerza que estaría produciendo nuevas víctimas.

Expresamos nuestra profunda consternación por informaciones sobre el número de víctimas. Asimismo, sobre la presunta detención de civiles que podrían estar siendo remitidos a la Base Militar “El Milagro”, inmediata a Bagua, lo cual sería ilegal.

Solicitamos de manera urgente e inmediata a las autoridades que dispongan medidas inmediatas que permitan el cese de la violencia y restablecer el orden público con pleno respeto a la ley y las garantías constitucionales, y pleno respeto a los derechos humanos. En consecuencia, es imperativo que las autoridades no se excedan en el uso de la fuerza. Asimismo hacemos un llamado a respetar y no atacar a los efectivos de la Policía Nacional.

Igualmente es urgente atender la emergencia surgida por el gran número de heridos, reforzando los recursos hospitalarios de Bagua y facilitando el traslado de los más graves a otros centros del país.

Asimismo, es necesario que las autoridades políticas del gobierno nacional inicien una negociación seria con los dirigentes de las comunidades nativas que se encuentran en conflicto desde hace más de 50 días.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha enviado una carta urgente al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a otras entidades internacionales, poniendo en su conocimiento los graves hechos de Bagua e invocando su intervención ante las autoridades peruanas a fin de asegurar el cese de la violencia sin perujuicio de respetar los derechos humanos.
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Ante el Tribunal Constitucional
DEFENSORÍA DEL PUEBLO PRESENTA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1064
Nota de Prensa N° 108/OCII/DP/2009

Por vulnerar los derechos fundamentales, previstos en la Constitución Política y en el Convenio N° 169 de la OIT.


La Defensoría del Pueblo presentó hoy ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo N° 1064 por vulnerar los derechos de identidad cultural, de la propiedad de la tierra y de consulta previa de los pueblos indígenas, previstos en la Constitución Política y en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Si bien el Decreto Legislativo precisa que su objeto es “crear las condiciones necesarias para el desarrollo de la inversión privada en el sector agrario”, lo que en realidad está normando es la modificación y afectación del régimen jurídico de las tierras de las comunidades campesinas y nativas.

El inciso 19 del artículo 2 y el artículo 89 de la Constitución Política prescriben una protección especial de las referidas comunidades, de acuerdo con los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Perú, así como con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y los órganos de control de la OIT.

Para la Defensoría del Pueblo, la afectación resulta agravada porque el Decreto Legislativo también vulnera el artículo 6 del Convenio N° 169 OIT, el cual reconoce el derecho fundamental de los pueblos indígenas a ser consultados respecto de las medidas susceptibles de afectarlos directamente, consulta que no ha sido realizada en el presente caso, de acuerdo con los parámetros establecidos internacionalmente.

La demanda muestra cómo, al emitir el Decreto Legislativo N° 1064, el Poder Ejecutivo ha excedido los límites de la delegación de facultades que le otorgara el Congreso de la República, contraviniendo de este modo el artículo 104 de la Constitución.

Asimismo se evidencia la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo regule derechos fundamentales como el de identidad cultural, mediante un decreto legislativo, toda vez que, conforme a la Constitución, esta es una materia que solo puede ser legislada por el Congreso de la República.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo precisa que el Congreso de la República solo autorizó al Poder Ejecutivo a regular aspectos relacionados con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú–Estados Unidos, y que este ámbito de delegación no puede ser interpretado de manera extensiva, como se ha hecho en este caso, más aún cuando se afectan derechos fundamentales de las personas.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo anunció que continuará analizando en detalle los Decretos Legislativos, a fin de determinar si éstos afectan o no derechos fundamentales.

Lima, 04 de junio del 2009.

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
Defensoría del Pueblo
Telefax: 3110300 anexo 1403
prensa@defensoria.gob.pe – http://www.defensoria.gob.pe/