Hace unos días se llevó a cabo una reunión organizada por el Movimiento Ciudadano Contra el Cambio Climático (MOCCIC), Christian Aid, la Asociación Nacional de Centros (ANC), ITDG y Centro de Desarrollo Agropecuario (CEDAP), en la que se discutió la perspectiva de la sociedad civil frente a la revisión de la estrategia de energía del Banco Mundial. Los organismos internacionales como el Banco Mundial financian diversos proyectos en países como el Perú, siempre y cuando dichos proyectos cumplan con determinados lineamientos y orientaciones que el Banco tiene como guía. Los gobiernos como el peruano, que cuentan con poco presupuesto, requieren de ese financiamiento para poder ejecutar proyectos.
El sector energía en años recientes ha ido tomando en consideración a la organización social de poblaciones en las cuales se llevan a cabo actividades de producción, transporte o distribución de energía. Lamentablemente, las actividades de explotación en particular tienen mala imagen puesto que un accidente produce un impacto ambiental elevado en poblaciones cuya vida depende directamente de la naturaleza. Las concesiones otorgadas por el Estado no habían venido tomando en cuenta la opinión de estas poblaciones, por lo que muchas de ellas expresan su rechazo a estas actividades extractivas como la minería o la energía. Las instituciones de la sociedad civil nombradas al inicio mantienen una posición en defensa de comunidades y la sociedad ante la pobreza, los efectos del cambio climático y actividades de empresas y del Estado.
Por otro lado, es claro que sin el desarrollo de proyectos de inversión en energía no podremos abastecer nuestra demanda interna con seguridad en el mediano y largo plazo, así como mantener un precio que haga favorable el desarrollo de industrias competitivas.
Por ello, remarcamos la importancia del desarrollo de proyectos de explotación de energía como exploración de hidrocarburos y la construcción de centrales hidroeléctricas, pues estas redundarán en desarrollo a nivel global del país, sin embargo, conjuntamente con este desarrollo es inevitable producir costos sociales elevados que necesitan ser cuantificados necesariamente, de tal manera de asegurar no sólo el beneficio de las empresas privadas o del Estado sino también el beneficio de aquellas poblaciones cercanas a las actividades de extracción. Estos costos económicos como la afectación de la salud y la vida de las poblaciones casi no han sido cuantificados, por lo que se necesita incluirlos en las evaluaciones de cada proyecto.
Por otro lado, el ejercicio de la democracia y el diálogo con las poblaciones por parte del Estado y la empresa privada recién parecen posibles. Mientras exista mayor diálogo los niveles de consenso permitirán un mejor manejo de los conflictos socioambientales y se ayudará a prevenirlos.
Lamentablemente, no tenemos un plan de desarrollo consensuado entre todos los actores sociales y políticos, el intento del acuerdo nacional parece no caminar. Además, toda planificación requiere de unos lineamientos generales para lograr los objetivos que buscamos como país. Sin el marco general de hacia donde vamos no se pueden plantear políticas sectoriales sin afectar los intereses de otros compatriotas con el consecuente conflicto social que se derivará de ello. Hasta ahora el interés que ha primado ha sido el de las empresas.
Para las próximas elecciones presidenciales la agenda energética, por ejemplo la explotación de Camisea, las hidroeléctricas, y el acceso combustibles de bajo costo, serán no sólo temas a tratar, sino ejes de movilización social y política que, por el bien del país, requieren de dialogo sobre el cómo y hacia dónde queremos que nuestro país camine por la senda del desarrollo y el bienestar sin exclusiones, sino seguiremos incubando más conflictos y divisiones entre los peruanos.
