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domingo, 16 de octubre de 2011

¿La gran transformación a qué futuro debe llevarnos?


“El problema es que siguen trabajando como si hubiera ganado Keiko y nada hubiera cambiado” esta fue la preocupación que me expresara un amigo que trabaja en un ministerio del Estado y con quien hace unos hace unos días nos reunimos para conversar sobre los cambios que se vienen dando en el rumbo del Estado. Otra amiga por su parte después de dos meses en un ministerio confiesa “mi primera evaluación, es que la transformación no se verá en este gobierno, mover la mole de la burocracia toma sus años”.

Parte de la metamorfosis del discurso de Ollanta Humala y el partido nacionalista se podría resumir en un camino que va desde un extremo que puede ubicarse a la izquierda hasta un lugar que casi se puede llamar como centro. Y es que la gran transformación ofrecida durante las elecciones apuntaba a atender las necesidades y pedidos de una población postergada del desarrollo nacional (no han ganado los ignorantes, han ganado los ignorados), que ha visto pasar el progreso de los últimos 10 años sin percibir algún beneficio en su vida diaria y que reclama seguramente celeridad en que esa gran transformación les mejore su calidad de vida. ¿Será posible lograrlo en cinco años?

Nuestro modelo actual viene dado desde inicios de los noventas el cual se instauró en la constitución del 93, en esta, se proclamó el llamado principio de subsidiariedad restringiéndolo hábilmente a su aspecto de la actividad empresarial del Estado. Este modelo que nos ha regido durante casi 20 años ya ha mostrado su agotamiento y falencias. Permitió un cierto crecimiento económico a la par y con algo de suerte, de una gran bonanza económica producto de una mayor dinámica de los mercados internacionales y de grandes inversiones privadas que hay que remarcar no hubieran sido posibles sin una garantía de rentabilidad por parte de los gobiernos de turno (Estado), porque valgan verdades el gran capital para la grandes inversiones no les gusta correr riesgos sino que todo lo quiere “seguro” y esa seguridad la hemos pagado todos los peruanos.

Pero volviendo a la gran transformación, creemos que debería iniciarse un debate sobre adonde queremos llegar como país de aquí a 20 o 30 años. Los ciclos de nuestro modelos de los últimos 60 años han demostrado una validez de entre 20 y 25 años, después de dicho tiempo entran en crisis y cambiamos de modelo. Si aceptamos dicha aseveración, estamos pues en una etapa de tránsito en un momento de crisis del modelo actual no sólo a nivel nacional sino también planetario. La gran transformación que requiere nuestro país no se dará por lo tanto en un salto de cinco años sino que es necesario comenzar a construir y cimentar desde hoy ese nuevo paradigma que lleve nuestros destinos de país en los próximos 30 años, esperemos que el gobierno actual logre este primer paso.

Ciertamente, para muchas personas el gran cambio significará tener un Estado al servicio de los ciudadanos y no sólo al servicio de los grandes capitales y del mantenimiento de las cifras macroeconómicas en azul, lo cual no es malo, lo malo es que se dedique prioritaria y únicamente a ello. Este aspecto es muy importante porque todos los ciudadanos debemos sentir que el Estado es nuestro, que nos pertenece, sentirnos responsable de su buen funcionamiento y no verlo como a un enemigo ajeno, como un Estado secuestrado.

Y es que si bien la gran transformación es mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, creo que el principal escollo para sortear todos juntos estos 30 años que vienen (que incluyen una fecha simbólica como el bicentenario de la independencia) es poner énfasis en otros pilares fundamentales del desarrollo para que este no sea sólo económico y de unos pocos. Esos pilares son en nuestra opinión el conocimiento y lo que ello implica, es decir, tener educación universal gratuita para todos y una buena educación superior a todo nivel, en esto último habría que aclarar que ello no significa desaparecer la educación privada pues quien quiera pagar por su educación pueda hacerlo, pero que la educación de calidad no sea privilegio de unos cuantos no solo por una cuestión de justicia sino por una razón de valor y riqueza pues lo que genera valor y riqueza de los países es el conocimiento.

Además del conocimiento y ligado a él está la tecnología y el acceso a ella. Es obvio pues que la tecnología mejora nuestra calidad de vida, nos hace la vida más sencilla, nos permite combatir enfermedades que antes eran incurables, nos hace más productivos en las industrias, nos permite cuidar mejor nuestro entorno ambiental y el conocimiento por su parte nos ayuda a valorar nuestra identidad, afirmarnos dentro de un escenario global y mejorar nuestras relaciones sociales, etc. Pero para lograr un desarrollo tecnológico y un mejor nivel de conocimiento es necesario una planificación y mejoramiento de la calidad educativa, apuntar a la producción de ciencia y tecnología propia.

La experiencia acumulada por el modelo de los tigres asiáticos y de la actual China, India y Brasil nos demuestran que es posible lograr un desarrollo tecnológico basado en la planificación por parte del Estado y de la toma de medidas graduales que permitan un tránsito de una economía de subsistencia a una de industrialización. Si bien hay que ser consientes de las diferencias entre todas estas experiencias queda claro que sin planificación y una actuación central y consensuada del Estado que lleve las riendas de todos los sectores y actúe con mirada de largo plazo no es posible lograr esa ansiada gran transformación que todos queremos, podemos seguir parchando el modelo actual y seguir siendo un país que produce riqueza solo de sus recursos naturales y los servicios manteniendo en la pobreza a una buena parte de su población o cimentar la gran transformación de los próximos 30 años, pensando en un futuro mejor para nuestros hijos y nietos.

jueves, 9 de septiembre de 2010

La energía, lo ambiental y los conflictos sociales


Hace unos días se llevó a cabo una reunión organizada por el Movimiento Ciudadano Contra el Cambio Climático (MOCCIC), Christian Aid, la Asociación Nacional de Centros (ANC), ITDG y Centro de Desarrollo Agropecuario (CEDAP), en la que se discutió la perspectiva de la sociedad civil frente a la revisión de la estrategia de energía del Banco Mundial. Los organismos internacionales como el Banco Mundial financian diversos proyectos en países como el Perú, siempre y cuando dichos proyectos cumplan con determinados lineamientos y orientaciones que el Banco tiene como guía. Los gobiernos como el peruano, que cuentan con poco presupuesto, requieren de ese financiamiento para poder ejecutar proyectos.

El sector energía en años recientes ha ido tomando en consideración a la organización social de poblaciones en las cuales se llevan a cabo actividades de producción, transporte o distribución de energía. Lamentablemente, las actividades de explotación en particular tienen mala imagen puesto que un accidente produce un impacto ambiental elevado en poblaciones cuya vida depende directamente de la naturaleza. Las concesiones otorgadas por el Estado no habían venido tomando en cuenta la opinión de estas poblaciones, por lo que muchas de ellas expresan su rechazo a estas actividades extractivas como la minería o la energía. Las instituciones de la sociedad civil nombradas al inicio mantienen una posición en defensa de comunidades y la sociedad ante la pobreza, los efectos del cambio climático y actividades de empresas y del Estado.

Por otro lado, es claro que sin el desarrollo de proyectos de inversión en energía no podremos abastecer nuestra demanda interna con seguridad en el mediano y largo plazo, así como mantener un precio que haga favorable el desarrollo de industrias competitivas.

Por ello, remarcamos la importancia del desarrollo de proyectos de explotación de energía como exploración de hidrocarburos y la construcción de centrales hidroeléctricas, pues estas redundarán en desarrollo a nivel global del país, sin embargo, conjuntamente con este desarrollo es inevitable producir costos sociales elevados que necesitan ser cuantificados necesariamente, de tal manera de asegurar no sólo el beneficio de las empresas privadas o del Estado sino también el beneficio de aquellas poblaciones cercanas a las actividades de extracción. Estos costos económicos como la afectación de la salud y la vida de las poblaciones casi no han sido cuantificados, por lo que se necesita incluirlos en las evaluaciones de cada proyecto.

Por otro lado, el ejercicio de la democracia y el diálogo con las poblaciones por parte del Estado y la empresa privada recién parecen posibles. Mientras exista mayor diálogo los niveles de consenso permitirán un mejor manejo de los conflictos socioambientales y se ayudará a prevenirlos.

Lamentablemente, no tenemos un plan de desarrollo consensuado entre todos los actores sociales y políticos, el intento del acuerdo nacional parece no caminar. Además, toda planificación requiere de unos lineamientos generales para lograr los objetivos que buscamos como país. Sin el marco general de hacia donde vamos no se pueden plantear políticas sectoriales sin afectar los intereses de otros compatriotas con el consecuente conflicto social que se derivará de ello. Hasta ahora el interés que ha primado ha sido el de las empresas.

Para las próximas elecciones presidenciales la agenda energética, por ejemplo la explotación de Camisea, las hidroeléctricas, y el acceso combustibles de bajo costo, serán no sólo temas a tratar, sino ejes de movilización social y política que, por el bien del país, requieren de dialogo sobre el cómo y hacia dónde queremos que nuestro país camine por la senda del desarrollo y el bienestar sin exclusiones, sino seguiremos incubando más conflictos y divisiones entre los peruanos.


martes, 1 de junio de 2010

El tema de Camisea tiene para rato

Estas últimas semanas el tema Camisea ha sido extensamente comentado en medios como periódicos, radio y televisión. A pesar de la cobertura, poco ha quedado claro para la mayoría de los ciudadanos. Camisea tiene múltiples aristas, cada una más complicada que la otra.

Empezamos con las reservas y el carnaval de cifras que tenemos desde el inicio del proyecto, sin que, lamentablemente, quede claro si hay o no suficiente gas natural para abastecer el mercado interno y la exportación. El cuestionamiento en este punto es: si hay suficientes reservas, ¿por qué el consorcio Camisea no firma nuevos contratos de abastecimiento con las empresas industriales y otros usos como generación eléctrica y petroquímica?

El transporte de gas natural tiene como principal cuestionamiento el que dicho ducto fue prácticamente financiado por todos los usuarios eléctricos (nadie nos preguntó si estábamos de acuerdo) lo cierto es que todos los usuarios de electricidad pagamos el ducto con la promesa de que con dicho pago veríamos reducidas nuestras facturas de electricidad en el futuro. Los números indican que esa promesa fue cumplida, pues con la llegada del gas natural hoy pagamos menos por la electricidad si comparamos los pagos de antes del proyecto Camisea ¿El consorcio debería usar para la exportación el ducto que pagamos los peruanos?

En la fase de distribución se cuestiona que a la empresa distribuidora (Calidda) no se le ha exigido aun ejecutar una agresiva campaña de conexiones domiciliarias, pues el número de usuarios residenciales es bajo. En nuestros hogares todavía no tenemos el beneficio directo de este recurso.

En el caso del uso del gas natural para generación eléctrica, en su mayoría es utilizado en centrales de ciclo simple de baja eficiencia y no en centrales de ciclo combinado cuya eficiencia es mayor. Es decir, se está quemando gas natural y se está desperdiciando buena cantidad de este debido a la baja eficiencia de las centrales térmicas. También se cuestiona el hecho que gran parte de la generación eléctrica a gas natural está concentrada en la zona de Chilca y no distribuida a lo largo el ducto.

Sobre los gasoductos regionales, está claro que las regiones quieren los beneficios para sus industrias, parque automotor y electricidad. Sin embargo, dicho reclamo no es inmediatamente satisfecho por la empresa privada, pues para la construcción de gasoductos se requiere una certeza mínima sobre el consumo total esperado. Lamentablemente las empresas no pueden invertir a la velocidad que reclama la ciudadanía de la macrorregión Sur.

Está claro que Camisea, a pesar de todos sus defectos, ha traído cosas positivas para el país; sin embargo, como siempre, después de escrita la historia vemos que pudo haberse hecho las cosas mejor.

Queda claro que el gobierno peruano tiene poca capacidad de decisión sobre el uso y destino de los recursos naturales, en particular de los recursos hidrocarburíferos. Y, por otro lado, las empresas privadas como no tienen porqué responder a los reclamos populares (como el de la macrorregión sur) responden únicamente a sus intereses comerciales y no a los requerimientos de los ciudadanos.

Finalmente, nos queda claro que Camisea no sería posible sin el capital privado que invirtió en grandes cantidades; no obstante, consideramos que se debió planificar mejor el proyecto como, por ejemplo, haber regulado mejor y exigido más a los inversionistas.

Sin dudas Camisea será durante esta campaña 2010 y la siguiente un tema político para la oposición, esperemos que el tratamiento del mismo no sea para azuzar la violencia y el rechazo destemplado a la inversión privada, sino para iniciar un debate nacional sobre el uso de nuestros recursos.