Una política de Estado al 2040

Una política de Estado al 2040

Ricardo Alejos Garcia

Militantes de Constructores Perú

En los últimos años existe una extensa discusión sobre si el Perú tiene o no una política energética nacional de largo plazo. Este cuestionamiento ha sido permanentemente utilizado por críticos del gobierno, sobre todo en temas controversiales como Camisea y el acuerdo energético con Brasil para desarrollar centrales hidroeléctricas en la selva.

Por ello, el actual ministro Pedro Sánchez ha decidido dar el paso delineando una política energética nacional al año 2040. Así, el Ministerio de Energía y Minas publicó su “Propuesta de política energética de Estado del Perú del 2010 al 2040”, con el pedido de recibir aportes a la misma desde la sociedad.

El capítulo de ingeniería eléctrica del Colegio de Ingenieros de Lima, por su parte, organizó el foro debate sobre la propuesta de política de Estado, que contó con la presencia de los ex ministros de energía y minas Juan Inchaustegui (gobierno de Acción Popular), Abel Salinas (primer gobierno aprista), Daniel Hokama (gobierno de Fujimori) y Carlos Herrera (gobierno de transición de Paniagua).

En dicho evento, si bien se expresaron múltiples críticas y valiosos aportes a la propuesta planteada, la principal conclusión fue: plantear una política de Estado no se hace para un periodo de gobierno (5 años), sino para mantenerse por lo menos unos 20 años, tiempo mínimo en el cual se podrán apreciar los resultados la política de Estado. Esto requiere un consenso amplio entre los actores políticos que llevarán los destinos del país en los próximos años. Sin embargo, la política energética debe responder no sólo a un consenso sobre la materia, sino, principalmente a las metas que el Estado peruano se plantee para el futuro de largo plazo.

Lamentablemente, las miradas de largo plazo y los consensos políticos de temas estructurales tan importantes como el uso de los recursos naturales y aspectos medio ambientales derivados de actividades energéticas no son parte del debate político nacional.

La política energética debe estar enmarcada en un debate político mayor sobre el modelo o modelos de desarrollo que buscamos y que “debería estar en el centro de las propuestas de los candidatos a las elecciones regionales, locales y presidenciales de este año y del próximo”, como bien anotaba Martín Tanaka en uno de sus últimos artículos.

Por ejemplo, en el caso de los cuestionamientos al proyecto Camisea se dan en todas sus etapas: las reservas no parecen ser suficientes en el largo plazo y hay cifras para todos los gustos, los precios internacionales actuales configuran un precio en boca de pozo mucho menor para la exportación que para el mercado interno; la capacidad de transporte contratada ha sido mucho menor que la demanda real, por ello hoy falta capacidad de transporte; todos los usuarios eléctricos pagaron el gasoducto que ahora el consorcio Camisea utiliza para exportar gas; el avance en la masificación del gas natural en las zonas urbanas es ínfimo; no se ha dado la prioridad para la llegada del gas natural a la zona Sur, etc., todo esto expresa para muchos la falta de una política energética nacional.

Lo positivo es que, por lo menos, un sector del Ejecutivo se ha animado a iniciar un debate nacional sobre recursos “estratégicos” como la energía, y esperamos que en los próximos meses, a medida que se acercan las elecciones, este se multiplique, ganando además importancia y notoriedad. Sin embargo, vemos que lo que ocurre en el sector energía es la excepción a la regla, pues los debates que buscan consensos políticos y consolidar políticas de Estado están ausentes.

Por el contrario, nosotros consideramos que pedir este tipo de debates sobre temas centrales para el país es un deber ciudadano. ¿Acaso es mucho pedir?

Son otros tiempos, pero siempre sometidos

En estos últimos meses y quizás con mayor fuerza en los últimos años, existen incontables movimientos “anti”. Todavía recuerdo quizás el primer gran movimiento “anti” de esta moda reciente. Ese movimiento se formó en torno por el rechazo al proyecto minero de Tambogrande. La campaña planteaba el reto de optar por utilizar el territorio para hacer una mina o para continuar utilizándolo como un valle fértil de limones. “Sin limón no hay ceviche” decían sus avisos que aparecieron pegados en las paredes de Lima.

¿Qué ha ocurrido desde aquella campaña hasta el día de hoy? Cuestiona el hecho de ver a ciudadanos de diversas zonas del país salir a marchar contra la construcción de una mina, contra la exploración ó explotación de hidrocarburos o, lo más llamativo, contra la construcción de hidroeléctricas.

Todavía tengo fresco el recuerdo de cómo hace unos pocos años atrás las poblaciones pedían a gritos al gobierno la construcción de su proyecto de una central eléctrica (hidro o térmica) para darle luz a sus poblaciones. Cada poblado quería tener su propia central hidroeléctrica, muchos dirigentes regionales impulsaban los proyectos para la construcción de centrales eléctricas para sus pueblos. Las autoridades contaban estos proyectos entre sus grandes logros y obras, ellos habían sido los ejecutores de la construcción de la central hidroeléctrica de la región o provincia o distrito y siempre quedaría grabado su nombre no sólo en la placa de inauguración sino también en la memoria de todo el electorado.

Sin embargo, la realidad actual es otra. Esos mismos pobladores que antaño luchaban por la construcción de proyectos de inversión en sus territorios, que aportaban faenas comunales de trabajo para lograr la ejecución, ahora marchan y reclaman en contra de su construcción. Sea lo que fuera, desde carreteras hasta hidroeléctricas, hoy se oponen; en el caso de minas e hidrocarburos es cierto nunca fueron “bien” vistas pero tampoco tenían una oposición tan vehemente y visible.

¿Es este un síntoma de haber ganado en ciudadanía, desarrollo y democracia? A veces pienso que estas oposiciones y colectivos no son más que expresiones caudillistas y de manipulación política de diversos intereses, sobre todo internacionales, como son los grupos conservacionistas, para quienes proteger y evitar cualquier impacto, aún sea mínimo, es su fin ultimo.

Por otra parte, el movimiento anti-minería, anti-hidrocarburos, anti-carretera y anti-hidroeléctricas asume el rol de la defensa de los intereses del “pueblo”, de ese “pueblo” que ha virado de intereses. Asumen ese rol defensor únicamente con el planteamiento de “conservar” las cosas como están pero no tienen alternativas de desarrollo ni tampoco plantean proyectos concretos y articulados para seguir la senda del desarrollo y superar la pobreza.

Parece que todavía respondemos a intereses de países ajenos europeos o Estados Unidos, tanto de su ala más a la derecha –pro libertad de mercados y capital– ó de movimientos “verdes” y “ecologistas”.

Los últimos buscan conservar en nuestros países aquellos recursos que sus países sí tuvieron la decisión y libertad de explotarlos, y con ello generar su desarrollo; sin embargo, a nosotros nos lo impiden vendiéndonos la idea de que “cuidamos el ambiente” o “protegemos la naturaleza”.

Nos hacen creer que esos problemas son de “todo el planeta” cuando la verdad es que son más de ellos que nuestros, pues esos países “desarrollados” emiten más del 60% de la contaminación del planeta y han devastado sus recursos naturales para tener el nivel de vida que tienen, mientras nosotros podemos seguir siendo pobres. Son ellos lo que no quieren parar el ritmo devastador de su estilo de vida y vienen a nuestros países a proteger finalmente sus propios intereses.

El tema de Camisea tiene para rato

Estas últimas semanas el tema Camisea ha sido extensamente comentado en medios como periódicos, radio y televisión. A pesar de la cobertura, poco ha quedado claro para la mayoría de los ciudadanos. Camisea tiene múltiples aristas, cada una más complicada que la otra.

Empezamos con las reservas y el carnaval de cifras que tenemos desde el inicio del proyecto, sin que, lamentablemente, quede claro si hay o no suficiente gas natural para abastecer el mercado interno y la exportación. El cuestionamiento en este punto es: si hay suficientes reservas, ¿por qué el consorcio Camisea no firma nuevos contratos de abastecimiento con las empresas industriales y otros usos como generación eléctrica y petroquímica?

El transporte de gas natural tiene como principal cuestionamiento el que dicho ducto fue prácticamente financiado por todos los usuarios eléctricos (nadie nos preguntó si estábamos de acuerdo) lo cierto es que todos los usuarios de electricidad pagamos el ducto con la promesa de que con dicho pago veríamos reducidas nuestras facturas de electricidad en el futuro. Los números indican que esa promesa fue cumplida, pues con la llegada del gas natural hoy pagamos menos por la electricidad si comparamos los pagos de antes del proyecto Camisea ¿El consorcio debería usar para la exportación el ducto que pagamos los peruanos?

En la fase de distribución se cuestiona que a la empresa distribuidora (Calidda) no se le ha exigido aun ejecutar una agresiva campaña de conexiones domiciliarias, pues el número de usuarios residenciales es bajo. En nuestros hogares todavía no tenemos el beneficio directo de este recurso.

En el caso del uso del gas natural para generación eléctrica, en su mayoría es utilizado en centrales de ciclo simple de baja eficiencia y no en centrales de ciclo combinado cuya eficiencia es mayor. Es decir, se está quemando gas natural y se está desperdiciando buena cantidad de este debido a la baja eficiencia de las centrales térmicas. También se cuestiona el hecho que gran parte de la generación eléctrica a gas natural está concentrada en la zona de Chilca y no distribuida a lo largo el ducto.

Sobre los gasoductos regionales, está claro que las regiones quieren los beneficios para sus industrias, parque automotor y electricidad. Sin embargo, dicho reclamo no es inmediatamente satisfecho por la empresa privada, pues para la construcción de gasoductos se requiere una certeza mínima sobre el consumo total esperado. Lamentablemente las empresas no pueden invertir a la velocidad que reclama la ciudadanía de la macrorregión Sur.

Está claro que Camisea, a pesar de todos sus defectos, ha traído cosas positivas para el país; sin embargo, como siempre, después de escrita la historia vemos que pudo haberse hecho las cosas mejor.

Queda claro que el gobierno peruano tiene poca capacidad de decisión sobre el uso y destino de los recursos naturales, en particular de los recursos hidrocarburíferos. Y, por otro lado, las empresas privadas como no tienen porqué responder a los reclamos populares (como el de la macrorregión sur) responden únicamente a sus intereses comerciales y no a los requerimientos de los ciudadanos.

Finalmente, nos queda claro que Camisea no sería posible sin el capital privado que invirtió en grandes cantidades; no obstante, consideramos que se debió planificar mejor el proyecto como, por ejemplo, haber regulado mejor y exigido más a los inversionistas.

Sin dudas Camisea será durante esta campaña 2010 y la siguiente un tema político para la oposición, esperemos que el tratamiento del mismo no sea para azuzar la violencia y el rechazo destemplado a la inversión privada, sino para iniciar un debate nacional sobre el uso de nuestros recursos.

Gas natural de Camisea un problema político

Ricardo Alejos

Militante de Constructores Perú

En nuestro post del 28 de Abril habíamos advertido del inicio en Mayo de la exportación del gas natural de Camisea y enfocamos el problema desde la perspectiva de la política energética nacional.

El tema del gas de Camisea siempre ha sido polémico, no sólo ahora, sino desde sus inicios. Shell lo descubrió en 1984, mientras buscaba petróleo y por mala suerte encontró gas natural. Después de frustradas y extensas negociaciones (hasta 1998), se fue sin explotarlo porque el gobierno de aquel entonces no aceptó sus condiciones, que ya incluían la exportación, pues el mercado interno de gas natural era inexistente y la forma de hacer viable el proyecto era la exportación al Brasil.

Al abandonar Shell el proyecto, revirtió al Estado peruano toda su inversión, entre 300 y 400 millones de dólares en exploración nos quedaron de “regalo”. Por eso los precios del lote 88 son baratos, fijados en su momento en 1 US$ por millón de BTU (MMBTU) actualizable.

A fines del gobierno de Fujimori se emitió la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural y su Reglamento. El proceso culminó durante el gobierno de Paniagua siendo ministro Carlos Herrera Descalzi. Inicialmente, el reglamento establecía un horizonte permanente de 20 años de abastecimiento interno, es decir, cada año había que asegurar 20 años futuros. Sin embargo, en el año 2003 dicho artículo fue modificado, cambiando el horizonte permanente por uno fijo de 20 años, calculando el horizonte en la fecha de establecido el contrato de exportación, con esta modificación se hizo posible el contrato con Perú LNG para exportar el gas de Camisea.

¿Cuándo ocurrió esto y no nos dimos cuenta? durante el gobierno de Toledo (10% de intención de voto) y siendo ministros Hans Flury y luego Jaime Quijandría este último señalado de un supuesto lobby con Kuczynski (5%).

Entonces, el propio Estado peruano modificó las normas para permitir la exportación del gas natural, ahora podría hacer lo mismo para revertir dicha situación, sólo es cuestión de voluntad política.

La última vez que el actual ministro Pedro Sanchez fue interpelado en el congreso hubieron voces pidiendo declarar inconstitucional las modificatorias realizadas en el gobierno de Toledo y volver al horizonte permanente de 20 años. Con ello se volvería a asegurar el mercado interno y sólo se exportaría aquel gas que “sobre” después de atender al mercado interno.

El tema del gas natural antes que un asunto técnico, es un tema político. Hoy los gobiernos regionales del sur reclaman (antes también lo han hecho sin ser escuchados) con justicia los beneficios de un recurso natural que nos pertenece a todos pero que por ahora sólo disfruta Lima. Tampoco son los primeros que reclaman, durante estos años y mientras se construía la planta de exportación hubieron diversas voces de alerta, incluido el reclamo de los gobiernos regionales, pero recién hoy, teniendo en frente la exportación (Mayo) y las elecciones del 2010 y 2011 el asunto recobra sospechosa relevancia.

Este asunto por su connotación política es una “bomba de tiempo” que será utilizada no sólo con fines políticos electorales regionales sino también por aquellos que buscan convertir nuestro país en una sucursal más de proyectos foráneos (Venezuela) disfrazados de “nacionalistas” o por aquellos que escudados en el respeto a la “estabilidad jurídica” (ya vimos que se modificó las normas sin ningún problema) venden nuestros recursos a intereses privados también extranjeros.

Definitivamente, Camisea es un tema para la campaña electoral del 2010 y 2011, por más que Velásquez Quesquén pida que no se use el tema “políticamente”, ¿Acaso Camisea no es de todos y lo pagamos todos?

Por un Perú con energía, libre y sin exclusiones.

Ricardo Alejos
Militante de Constructores Perú en Lima

Estimado Hugo Neira, el partido constructores agradece tu comentario a una de las columnas y a la vez recogemos tu sugerencia para aclarar el panorama y lo que pretendemos con este espacio de opinión.

Cierto, un Perú con energía es lo que necesitamos, es decir un país en el que cada ciudadano pueda aportar con su vida al desarrollo colectivo, mediante el proyecto de vida que quiera tener.

Sin embargo, nuestra energía como nación está menoscabada por los más grandes obstáculos de la vida y la libertad que son la pobreza y la exclusión. Pues no concebimos que en nuestro país, niños de zonas altas mueran de frío antes de los seis años cuando el promedio de vida está por encima de los setenta años, estos niños mueren antes de tiempo y no se respeta su derecho a vivir.

Por ello, toda vida nos importa, esta convicción implica mucho en lo programático desde tener mejores sistemas de transporte para que no mueran cada año miles de personas, hasta lograr que todos los ciudadanos tengan acceso a un servicio de salud de calidad.

Creemos que para lograr mayor libertad no debemos sacrificar la igualdad como ocurre con nuestro actual modelo económico, ni tampoco, creemos necesario sacrificar libertad por lograr mayor igualdad, como fue el error de muchos proyectos de izquierda. Por el contrario, la expansión de las libertades requiere un piso mínimo común para todos, un mínimo de acceso a salud, educación, justicia, vivienda, etc.

No podemos ser un Perú con energía mientras cada uno no nos sintamos orgullosos de ser peruanos y de reconocernos en una sociedad multinacional pero que a la vez viene forjando una identidad mestiza y unitaria, una identidad peruana, a la que cariñosamente llamamos identidad chola.

Por otro lado, queremos que así como reclamamos derechos, también seamos capaces de ejercer plenamente nuestros deberes. Hemos visto a lo largo de mucho tiempo incontables luchas por conquistar derechos, pero que algunas veces, no han tenido como obligatoria contraparte el cumplimiento de deberes ciudadanos.

La principal responsabilidad que buscamos asumir como Partido Político es de convertirnos en una élite nacional capaz de darle al país una nueva dirección, con el objetivo de convertir al Perú en una república de ciudadanos libres en una sociedad sin exclusiones. Quienes nos han gobernado hasta hoy sólo han sido seudoélites y grupos de poder particular que siempre prefirieron luchar por el bien privado que por el bien común.

Estamos construyendo un partido democrático y horizontal, no un partido caudillista, no un partido de “vacas sagradas” y cúpulas omnipotentes, por el contrario, queremos ser un partido en donde cada militante aporte desde sus propias capacidades y peculiares especialidades. Un partido que promueva la construcción del poder, donde importe más el conjunto y nadie se sienta por encima de otro, en donde nadie se sienta maestro o padrino de otros, pues esto es lo que han hecho hasta el día de hoy nuestros políticos.

Sobre la dicotomía técnico-político, el Perú se merece una élite política que sea técnica y política a la vez, pues la experiencia nos ha demostrado que no sólo los políticos pueden llevar a buen puerto nuestro proyecto republicano, ni tampoco lo han sido los técnicos como nos lo quiso hacer creer el Fujimorato. Para nosotros, todo político debe necesariamente tener una especialidad técnica en la cual destaque para poder hacer que su servicio político a la sociedad sea eficiente y eficaz, pues en un país con tanta pobreza es inmoral malgastar nuestros pocos recursos.

Por todo ello, apreciado Hugo, nosotros buscamos construir un país con energía, con la energía de TODOS.

¿Hay o no hay política energética en el Perú?

En mayo se iniciará la exportación de gas natural de Camisea hacia el mercado mexicano y/o norteamericano. La planta de liquefacción desde donde será exportado se encuentra concluida y representa una inversión de unos 3000 millones de dólares.

Las reservas probadas son 8.8 TCF (trillones de pies cúbicos) de los cuales 4.2 TCF están comprometidos para la exportación, es decir, la mitad de las reservas. El último informe de la certificadora Gaffney, Cline & Associates de 2009 indica que las reservas probadas de gas natural se encuentran comprometidas casi en su totalidad entre el mercado interno y la exportación; por ello, el consorcio Camisea no ha firmado nuevos contratos con los industriales nacionales que quieren utilizar el gas como combustible para sus procesos, y solo han accedido ante las presiones a realizar una subasta de 80 MMPCD, que es insuficiente para abastecer la demanda.

En resumen, el proyecto del gas natural de Camisea (I y II) está orientado casi en un 50% hacia la exportación, lo que implica que el mercado interno no sería abastecido en el futuro. ¿Por qué vendemos al exterior el gas natural si no tenemos mayores reservas descubiertas que permitan autoabastecernos? ¿Se logrará destinar al mercado interno nuevamente lo comprometido para exportación? Esto dependerá de nuestras élites de gobierno.

Así, ha quedado en suspenso los proyectos de gasoductos regionales hacia Chimbote y principalmente el gasoducto sur (proyecto Kuntur) que abastecería de gas a esa parte del país. La respuesta ha venido de los gobiernos regionales del sur, quienes exigen que se asegure el suministro a este proyecto, pues Camisea abastece casi exclusivamente a Lima y ninguna región del sur se beneficia del gas, ni siquiera el Cusco.

La exportación fue promovida en el gobierno de Toledo y en particular durante la gestión de los ministros Quijandría y Kuczynski, cambiándose en esa época la antigua ley que aseguraba el abastecimiento interno antes que la exportación, al señalar que sólo se podía exportar gas si antes se aseguraba el abastecimiento interno por un horizonte permanente de 20 años.

Se puede decir que no existe una política energética en el Perú que permita el uso eficiente de los recursos energéticos, la seguridad de abastecimiento y, sobre todo, la sostenibilidad a largo plazo del sector. Sin embargo, sí existe una política que orienta el actuar del Estado y los agentes en una economía de mercado: esta propone dejar al libre mercado y los agentes privados tomar las decisiones de inversión, asegurándole para ello todos los mecanismos para su rápido y fácil desarrollo.

Este modelo ha generado retrasos en la disponibilidad de infraestructura de energía y también conflictos sociales, estos últimos debido a la explotación de recursos como el Petróleo, el gas de Camisea o el agua en el caso de centrales hidroeléctricas como la del Mantaro, Pucará en Cusco y más recientemente el proyecto Inambari.

Por ello, es necesario buscar nuevos mecanismos legales y técnicos que permitan planificar el sector energía, de forma tal que se logre un consenso nacional acerca del uso de los recursos que poseemos, la forma en la que serán explotados y asegurar la sostenibilidad del sector en el largo plazo.

La política energética nacional debe pasar de ser menos implícita y más explícita ya que la experiencia nos ha demostrado que las fuerzas del mercado en un país como el nuestro son insuficientes para asegurar un desarrollo sostenible, con cuidado del medio ambiente, con eficiencia en el uso de los recursos y manteniendo la seguridad de abastecimiento nacional.

"No existe una política clara de ..."

Es una de las frases que más se ha oído esta semana. La cantaleta suena así "no existe una política clara de manejo de recursos naturales", "no existe una política clara de manejo de conflictos sociales, "no existe una política clara de precios de combustibles", "no existe una política clara de defensa del patrimonio", "no existe una política clara de educación escolar", "no existe una política clara de seguridad", "no existe una política clara de lucha contra el narcotráfico", "no existe una política clara de manejo del INPE" y un largo etcetera.

Es que en los últimos días no parece que exista una política clara de nada en el país, hacemos agua por todas partes y la frase "no existe una política clara de ..." se ha vuelto un lugar común entre los titulares, opiniones, entrevistas y análisis.

Esta expresión, sin embargo, nos está indicando que la crisis del modelo de gobierno del país empieza a tocar fondo, pues estamos navegando nuestra historia únicamente sobre la base de la economía y dentro de ella apostando por un modelo de economía de libre mercado, consagrado en la constitución y que justamente evita o entorpece la proliferación de políticas públicas claras y coordinadas en las materias de gobierno. Ahondando más en esto, está claro que, no tenemos tampoco un norte como país con un mínimo de consenso entre los actores políticos nacionales ¿El acuerdo nacional no ha sido suficiente?

Por otro lado, los partidos políticos, disminuidos en la década del noventa en la misma que se encumbró la economía de libre mercado, han renunciado a pensar el país, a plantear alternativas de gobierno y a elaborar estas políticas de Estado que respondan a los problemas actuales del País.

Y es que pasamos de un Estado planificador y centralizado como el de los inicios de los años 70's con las reformas velazquistas a un Estado libre de intervención estatal y con poca o muy limitada "regulación", entonces, todo lo que hoy nos ocurre es falta de miradas de largo plazo y de planificación estratégica nacional. Hasta el día de hoy, seguimos en muchos casos, sustentando nuestro crecimiento de insfraestructura y otros sectores en estudios realizados en los años 70's y algo de los 80's, puesto que no se ha pensado el país de forma ordenada en las últimas dos décadas.

Sin embargo, el que no exista un política clara en ninguna materia no significa que tácitamente esta no exista, es decir, en realidad sí existe una política clara y esa política es la de "dejar hacer", en términos económicos significa dejar que la mano invisible del mercado ordene a los actores a tomar decisiones de tal forma que al final todos salen beneficiados (en la teoría). Entonces, sí existe una política clara, la de un pragmatismo de dejar en total libertad al accionar de los individuos pues esto abundará en la mejora colectiva de todos,¿Está dando resultados positivos esta política tácita hasta nuestros días?.

Está muy claro que después de la década de los ochenta el desencanto por la política y la ideología hemos devenido en un país altamente pragmático en todos los aspectos de nuestro gobierno, nuestra historia, incluso nuestra propia vida individual. Hemos dejado de lado los significados y el colectivo y preferimos tomar las decisiones de nuestra vida basados en una suerte de análisis costo beneficio permanente. Así, el espacio de la política y el consenso se hace estrecho o prácticamente inexistente ya que nadie quiere apostar de por vida por un proyecto conjunto o de un proceso de largo plazo como es la construcción o reforma de partidos políticos nacionales.

Así, quizás, la razón de que no exista un política clara de nada es nuestra filosofía de vida como país en estas dos últimas décadas expresada en un excesivo pragmatismo tanto individual como colectivo. Si ahora, la opinión general parece virar hacia elaborar hojas de ruta o políticas de largo plazo sea un signo de que las cosas pueden empezar a mejorar y tener un punto de vista menos radical con respecto al valor del pragmatismo social e individual y demos nuevamente el lugar que le corresponde a proyectos colectivos y de largo plazo, sobretodo a la política como medio para lograr la mejora de la sociedad en su conjunto.