Pronunciamientos

Pronunciamiento del Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y la Defensoría del Pueblo sobre los últimos hechos de violencia sucedidos en la Selva Peruana
¡ALTO A LA VIOLENCIA!

El Presidente de la Conferencia Episcopal del Perú y la Defensora del Pueblo lamentan profundamente el descenlace violento que viene ocurriendo en el departamento del Amazonas, ciudades de Bagua Chica y Bagua Grande, entre otras, que ha ocasionado la muerte de civiles y policias y un saldo de varios heridos.

La vida es un valor supremo que en cualquier circunstancia debe ser protegida y privilegiada, tanto la de nuestras comunidades nativas históricamente desatendidas, como las que quienes, en cumplimiento de su deber constitucional, procuran el restablecimiento del orden.

Hacemos un clamoroso llamado a la serenidad y demandamos que, de manera inmediata, cesen los enfrentamientos entre compatriotas. Es urgente que se atienda sin distinción a las personas heridas y a las que se encuentran en riesgo y que se proceda en el más breve plazo a restablecer el canal del diálogo, que nunca debió ser interrumpido, y que debe ser utilizado como la única vía para resolver pacíficamente los conflictos.

Concientes de nuestro deber de protección de la vida y de los derechos fundamentales de las personas, invocamos a todas las autoridades y dirigentes a optar por el diálogo y la paz y nos mantenemos a disposición del país para colaborar en lo que nos sea requerido, a fin de devolver la tranquilidad a las poblaciones afectadas y a todo el Perú.

+ Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM.
Arzobispo de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

Dra. Beatriz Merino Lucero
Defensora del Pueblo

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Comisión Interamericana de Derechos Humanos

LLAMADO URGENTE A LA SERENIDAD DE AUTORIDADES Y MANIFESTANTES

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su mayor preocupación por los sucesos de hoy, 5 de junio, ocurridos como consecuencia de la intervención de efectivos de la Policía Nacional para desalojar a grupos de las comunidades nativas que tenían bloqueada la carretera de acceso a la ciudad de Bagua, al norte del país, como parte de la huelga que vienen desarrollando hace más de 50 días.

Como consecuencia de esta intervención, se habrían producido víctimas mortales y numerosos heridos tanto entre la población civil como entre los efectivos policiales. Además, se ha producido una situación de caos en la ciudad, con expresiones de desborde violento por parte de manifestantes, frente a lo cual las autoridades habrían perdido el control de la situación y se estaría incurriendo en un uso desproporcionado de la fuerza que estaría produciendo nuevas víctimas.

Expresamos nuestra profunda consternación por informaciones sobre el número de víctimas. Asimismo, sobre la presunta detención de civiles que podrían estar siendo remitidos a la Base Militar “El Milagro”, inmediata a Bagua, lo cual sería ilegal.

Solicitamos de manera urgente e inmediata a las autoridades que dispongan medidas inmediatas que permitan el cese de la violencia y restablecer el orden público con pleno respeto a la ley y las garantías constitucionales, y pleno respeto a los derechos humanos. En consecuencia, es imperativo que las autoridades no se excedan en el uso de la fuerza. Asimismo hacemos un llamado a respetar y no atacar a los efectivos de la Policía Nacional.

Igualmente es urgente atender la emergencia surgida por el gran número de heridos, reforzando los recursos hospitalarios de Bagua y facilitando el traslado de los más graves a otros centros del país.

Asimismo, es necesario que las autoridades políticas del gobierno nacional inicien una negociación seria con los dirigentes de las comunidades nativas que se encuentran en conflicto desde hace más de 50 días.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha enviado una carta urgente al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a otras entidades internacionales, poniendo en su conocimiento los graves hechos de Bagua e invocando su intervención ante las autoridades peruanas a fin de asegurar el cese de la violencia sin perujuicio de respetar los derechos humanos.

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Ante el Tribunal Constitucional

DEFENSORÍA DEL PUEBLO PRESENTA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1064

Nota de Prensa N° 108/OCII/DP/2009

Por vulnerar los derechos fundamentales, previstos en la Constitución Política y en el Convenio N° 169 de la OIT.


La Defensoría del Pueblo presentó hoy ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo N° 1064 por vulnerar los derechos de identidad cultural, de la propiedad de la tierra y de consulta previa de los pueblos indígenas, previstos en la Constitución Política y en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Si bien el Decreto Legislativo precisa que su objeto es “crear las condiciones necesarias para el desarrollo de la inversión privada en el sector agrario”, lo que en realidad está normando es la modificación y afectación del régimen jurídico de las tierras de las comunidades campesinas y nativas.

El inciso 19 del artículo 2 y el artículo 89 de la Constitución Política prescriben una protección especial de las referidas comunidades, de acuerdo con los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Perú, así como con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y los órganos de control de la OIT.

Para la Defensoría del Pueblo, la afectación resulta agravada porque el Decreto Legislativo también vulnera el artículo 6 del Convenio N° 169 OIT, el cual reconoce el derecho fundamental de los pueblos indígenas a ser consultados respecto de las medidas susceptibles de afectarlos directamente, consulta que no ha sido realizada en el presente caso, de acuerdo con los parámetros establecidos internacionalmente.

La demanda muestra cómo, al emitir el Decreto Legislativo N° 1064, el Poder Ejecutivo ha excedido los límites de la delegación de facultades que le otorgara el Congreso de la República, contraviniendo de este modo el artículo 104 de la Constitución.

Asimismo se evidencia la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo regule derechos fundamentales como el de identidad cultural, mediante un decreto legislativo, toda vez que, conforme a la Constitución, esta es una materia que solo puede ser legislada por el Congreso de la República.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo precisa que el Congreso de la República solo autorizó al Poder Ejecutivo a regular aspectos relacionados con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú–Estados Unidos, y que este ámbito de delegación no puede ser interpretado de manera extensiva, como se ha hecho en este caso, más aún cuando se afectan derechos fundamentales de las personas.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo anunció que continuará analizando en detalle los Decretos Legislativos, a fin de determinar si éstos afectan o no derechos fundamentales.

Lima, 04 de junio del 2009.

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
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